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Para que una persona jurídica sea penalmente responsable por un delito cometido por una persona física en su organización, es necesario acreditar no solo la comisión del delito por dicha persona física, sino también la existencia de un defecto organizativo grave en los mecanismos de prevención y supervisión de la persona jurídica que permita imputarle responsabilidad penal propia (TS 25-9-25, EDJ 715923).

La persona jurídica – empresa- no puede delinquir por sí sola, sino a través de la actuación de una persona física, ya sea un directivo, administrador o empleado, que cometa un delito en beneficio de la entidad. Para que la empresa pueda ser responsable penalmente, es necesario comprobar que el delito se ha cometido aprovechando una falta de controles internos, es decir, por un defecto de organización o supervisión dentro de la empresa. Esto implica que la persona física puede cometer el delito, precisamente, porque la empresa no tiene las medidas de vigilancia, control o prevención suficientes.

No obstante, esta responsabilidad de la empresa no es automática ni objetiva. No basta con que un directivo o empleado cometa un delito para que la empresa sea responsable. Además del delito cometido por la persona física, debe acreditarse, de forma clara, un grave incumplimiento de los deberes de supervisión, o la existencia de fallos graves en los modelos internos de gestión, vigilancia y control de la propia empresa. Solo si se demuestra este defecto organizativo se puede fundamentar la condena penal de la persona jurídica.