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El TSJ Galicia condena a una empresa a abonar una indemnización de 3.000 euros por daño moral a una trabajadora a la que denegó la posibilidad de fraccionar las vacaciones en tres períodos en lugar de dos. Para el tribunal, la mera negativa de la empresa sin alegar razones organizativas genera una razonable presunción a favor de la alegación de la trabajadora de vulneración de sus derechos de conciliación (TSJ Galicia 29-5-23, EDJ 604884).
Una auxiliar de ayuda a domicilio solicita, por motivos personales, disfrutar las vacaciones de 2022 de forma fraccionada en 3 períodos, uno en agosto, otro en septiembre y otro en diciembre). La empresa le indica que debe ceñirse a lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación y admite el fraccionamiento de las vacaciones únicamente en dos períodos de 15 días, comprendidas entre el 29 de julio y el 30 de agosto. La trabajadora presenta demanda sobre tutela de derechos fundamentales, por considerar vulnerado su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Para el TSJ Galicia, la trabajadora ha probado la existencia de razones o necesidades de conciliación reales. Su hijo menor de edad padece una enfermedad que le exige acudir a un mayor número de citas médicas que otro menor y, además, precisa especialmente la atención de sus progenitores en períodos vacacionales. Además, el menor tenía cita médica el 15 de septiembre y fue intervenido quirúrgicamente el 22 de septiembre, con un periodo de reposo en domicilio con control parental de 4 o 5 días.
Por su parte, la empresa se ha limitado a negar la medida de conciliación no en base a razones organizativas ni en la desproporcionalidad de lo pedido, sino en la imposibilidad convencional de concederla. Pero el TSJ Galicia no considera lícito este argumento. El convenio colectivo aplicable regula el disfrute de las vacaciones en los siguientes términos: “El período de disfrute se fijará en un período de 30 días o en dos períodos de 15 días, no pudiendo realizarse más fracciones, excepto acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras (…)”. Del tenor literal del precepto no se desprende la prohibición de fraccionar las vacaciones en más de dos períodos, sino que simplemente lo condiciona, de forma excepcional, a que exista acuerdo de las partes. Además, la empresa ha concedido el fraccionamiento solicitado a otras trabajadoras.
La mera negativa de la empresa sin alegar razones organizativas genera una razonable presunción a favor de la alegación de la trabajadora de vulneración de sus derechos de conciliación. Por lo tanto, el empleador asume la carga de probar que la causa de su decisión es ajena a cualquier móvil atentatorio de los derechos fundamentales. Pero no lo ha hecho, pues no acreditó que el fraccionamiento alterara gravemente su sistema de organización. Además, dado que el convenio colectivo permite el fraccionamiento, debió negociar y ofrecer la posibilidad de alternativas o debió alegar razones objetivas que justificaran la negativa o que lo pedido era desproporcionado y no estaba basado en necesidades reales o suficientes.