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Los informadores –o whistleblowers- son aquellos trabajadores o personas que desempeñan sus servicios profesionales en entidades privadas u organismos públicos y que revelan, a través del canal de denuncias interno, aquellas irregularidades que identifiquen en la actividad ordinal de la empresa u organismo para el que trabajen.
Los informadores pueden sufrir represalias en aquellos supuestos en los que los órganos de gobierno conozcan el contenido de la denuncia. Por ello, su protección se ha visto reforzada en el ordenamiento jurídico español con la trasposición de la Dir 2019/1937, por medio de la entrada en vigor de la L 2/2023.
En este artículo, Francisco Martín García, abogado y doctorando en Derecho, analiza la exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en atención a la intervención del compliance officer, como órgano de supervisión y de control del programa de cumplimiento normativo, y que tiene como principal objetivo el análisis y la prevención de todas aquellas actividades que se pueden desarrollar en el seno de la empresa y que pueden revestir caracteres de delito.
