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Con la entrada en vigor de las normas en materia de igualdad y la libertad sexual, lo que está en juego no es sólo la reputación empresarial o la imagen de marca que puede llegar al mercado, lo que tiene impacto directo incluso en resultados del negocio. Las empresas se enfrentan a otras consecuencias indeseadas como una mayor conflictividad social, reclamaciones por parte de los trabajadores, declaraciones de nulidad de despidos, indemnizaciones de daños y perjuicios, la prohibición de acceder a subvenciones públicas e incluso responsabilidades civiles o penales.

En este artículo, Covadonga Roldán, socia responsable del área Laboral en Deloitte Legal España, aborda esta normativa y la obligación de las empresas de diseñar planes para detectar y corregir situaciones de discriminación o desigualdad, entendiendo como tal incluso las medidas o condiciones que, siendo neutras sobre el papel, producen efectos discriminatorios, para lo que deberían revisar procesos, políticas y las condiciones de trabajo de los empleados desde esta perspectiva.