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Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 608/2023, por el que desarrolla el Mecanismo RED, se establece una nueva obligación que puede afectar, de forma relevante, a los procesos colectivos, cuando estos implican el cierre de la empresa o de un centro de trabajo.
En este artículo, Jorge Aranaz, socio de Forelab y socio de Laboral en Cuatrecasas Madrid analiza para Lefebvre qué supone la obligación que tiene la empresa de notificar, a la autoridad laboral competente y a las organizaciones sindicales más representativas y a las representativas de su sector, su pretensión de cerrar uno o varios centros de trabajo, cuando tal cierre suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de 50 o más personas trabajadoras.
