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La generalización de la modalidad de trabajo a distancia no está exenta de inconvenientes y riesgos laborales. La nueva normativa (esencialmente la L 10/2021) procura garantizar la equiparación jurídica de esta forma de prestación de servicios, pero requiere también la colaboración de pactos convencionales y de todos los implicados para prevenir y proteger a los trabajadores a distancia frente a dichos riesgos.
En este artículo, Concepción Rosario Ureste García, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, analiza la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo desarrollado bajo la forma de trabajo a distancia.
