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El TJUE declara contraria al derecho de la UE la normativa española sobre extinción colectiva del contrato por jubilación del empresario persona física. Considera que cuando las extinciones de contratos superen el número establecido, deben tramitarse como un despido colectivo, con la información y consulta a los representantes de los trabajadores. Diferencia este supuesto de la extinción del contrato por fallecimiento del empresario (TJUE 11-7-24, C-196/23).

Las trabajadoras han prestado servicios para empresa hasta que la empresa les informa de la extinción de sus contratos de trabajo por causa de jubilación del empresario. Esta jubilación ha ocasionado la extinción de los 54 contratos de trabajo vigentes. Un aparte de las trabajadoras interpone demanda contra la empresa solicitando que se declare nulidad de su despido por no haberse respetado el procedimiento de consulta con los representantes de los trabajadores (ET art.51), aun cuando tales extinciones se hayan producido por la jubilación de un empresario persona física. La cuestión llega al TSJ Cataluña que plantea cuestión prejudicial al TJUE.

El TJUE resuelve lo siguiente:

1. A efectos de la directiva sobre despidos colectivos, el concepto de despido no exige que las causas subyacentes a la extinción del contrato de trabajo correspondan a la voluntad del empresario.
2. La consultas a la RLT no solo tratan de evitar o reducir los despidos colectivos, sino que su finalidad también es atenuar las consecuencias de los despidos mediante medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos. Por lo que las consultas siguen siendo pertinentes cuando las extinciones de los contratos de trabajo proyectadas están vinculadas a la jubilación del empresario.
3. Cuando la extinción del contrato se produce el fallecimiento del empresario persona física se dan particularidades que no se producen en el en caso de jubilación de tal empresario, ya que este sí puede llevar a cabo las consultas destinadas a evitar las extinciones, a reducir su número o a atenuar sus consecuencias.
4. Es indiferente que en el derecho español esta situación no se califique como despido sino como extinción del contrato de trabajo. En ambos supuestos se trata de extinciones no queridas por el trabajador y, por consiguiente, de despidos. Cualquier normativa nacional o interpretación de esta que lleve a considerar, que la extinción de los contratos de trabajo por la jubilación de un empresario persona física no puede constituir un despido, alteraría el ámbito de aplicación de dicha Directiva y la privaría así de su plena eficacia.

Por todo ello, el TJUE responde que la Directiva 98/59 debe interpretarse en el sentido de que se opone a ella una normativa nacional en virtud de la cual la extinción de los contratos de trabajo de un número de trabajadores superior al previsto en la Directiva por jubilación del empresario, no se califica de despido colectivo y, por tanto, no da lugar a la información y consulta a los representantes de los trabajadores.

Ahora bien, también indica que el derecho de la UE debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entre particulares a dejar inaplicada una normativa nacional como la mencionada, en el caso de que sea contraria a lo dispuesto en una directiva de la UE.