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En los últimos años, y especialmente durante el ejercicio actual, ejecutar un despido en España se ha convertido en una decisión legal de alto riesgo para las empresas. Lejos de ser un trámite rutinario, despedir a un trabajador implica cumplir una serie de requisitos legales esenciales, cuyo incumplimiento puede derivar en conflictos laborales, sanciones, y costes económicos imprevistos, más allá de la habitual indemnización por despido improcedente.
En este artículo, Fe López, socia del departamento laboral de Net Craman, aborda la tendencia normativa y jurisprudencial tendente a una mayor exigencia de causalidad, proporcionalidad y garantías para el trabajador.
